● En menos de tres meses, Rosa, Vanessa, Viridiana, María Elena, Mónica Valeria y Diana Laura murieron bajo custodia del Estado. Detrás de las explicaciones oficiales aparecen denuncias de extorsión, violencia, desatención médica y un sistema de castigos que habría operado con la tolerancia de autoridades penitenciarias.
Por Alejandro Frausto, con apoyo de IA
Diana Laura estaba a once días de salir de prisión. Su libertad estaba prevista para el 2 de junio de 2026, después de una sentencia iniciada en diciembre de 2019. Tenía 32 años, una hija de 11, un hijo de 16 y, según su familia, planes para abrir un negocio y retomar la vida que había quedado suspendida tras los muros de Santa Martha Acatitla.
Pero Diana Laura no llegó a su fecha de liberación: la mañana del 22 de mayo fue encontrada sin vida dentro de su celda. La versión oficial indica que una policía realizaba el pase de lista cuando advirtió que Diana Laura no respondía. Al entrar, la encontró suspendida con un trozo de tela atado a un barrote. El certificado de defunción estableció como causa de muerte asfixia por ahorcamiento.
Cinco días antes, Diana Laura había escrito una carta que pretendía entregar a la Dirección del penal. En ella, relató que el 17 de mayo, al regresar a la celda de protección, al menos siete internas la despojaron de dinero y cigarros, le bajaron la ropa, la patearon y realizaron tocamientos contra su voluntad. En el documento habría anotado los nombres de quienes la agredieron y de quienes presenciaron los hechos.
Su madre y su pareja aseguraron que también era extorsionada para impedir que la golpearan. Dijeron que tuvieron que realizar depósitos de 500, mil y hasta mil 500 pesos. Los pagos habrían sumado cerca de 30 mil pesos. La familia mostró comprobantes bancarios al equipo de Investigaciones Excélsior. La celda de protección, esa que por definición debía resguardar su integridad, fue el lugar donde Diana Laura pasó sus últimos minutos.
Seis decesos en menos de tres meses
Diana Laura no fue la única. Entre marzo y junio de 2026 también murieron Rosa, Vanessa, Viridiana, María Elena, Mónica y Valeria dentro del Centro Femenil de Reinserción Social “Santa Martha Acatitla”. Seis mujeres en aproximadamente 90 días; seis muertes ocurridas cuando su alimentación, salud, seguridad e integridad dependían directamente del Estado.
Las explicaciones institucionales de lo que habría ocurrido son distintas: dos por asfixia, una por broncoaspiración, una por acidosis metabólica, otra por complicaciones derivadas de hipertensión arterial y una más por insuficiencia renal. Dos de los casos fueron considerados suicidios. En los expedientes aparecen causas clínicas diferentes, pero todas las historias coinciden en un punto: las mujeres se encontraban bajo custodia del Estado.
La Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México (CDHCM) abrió seis investigaciones. Cuatro surgieron de quejas presentadas por particulares y dos fueron iniciadas de oficio. Su objetivo es establecer si detrás de las muertes existen omisiones, fallas estructurales o responsabilidades de las autoridades del penal. CDHCM.
Por ahora, la existencia de las investigaciones no significa que la Comisión haya confirmado las acusaciones que circulan entre familiares, internas y organizaciones. Tampoco permite cerrar los casos bajo el argumento de que se trató de suicidios o de consecuencias inevitables de alguna enfermedad. La pregunta sigue abierta: ¿qué ocurrió durante los meses y días anteriores a cada muerte?
La cacería
Los testimonios difundidos por familiares y mujeres privadas de la libertad describen una estructura de control que no se limita a las rejas ni a las custodias. Hablan de alianzas entre internas con poder y personal penitenciario; de entradas violentas a dormitorios; de alimentos arrojados al suelo; de destrucción de productos elaborados en los talleres; de pertenencias confiscadas, y de mujeres trasladadas a zonas consideradas peligrosas cuando no entregaban el dinero exigido.
De acuerdo con las denuncias, custodias y reclusas identificadas como líderes, irrumpían en los dormitorios para intimidar a quienes no pagaban cuotas o se negaban a incorporarse a las redes internas. Algunas versiones aseguran que las exigencias llegaban a los tres mil pesos semanales. No existe, hasta el momento, una resolución pública que acredite que la operación fue ordenada por la entonces subdirectora del penal, Yéssica López Avilés, quien seguiría bajo investigación.
López Avilés dejó el cargo días después de que la CDHCM dio a conocer sus indagatorias. La Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC-CDMX) sostuvo que la renuncia obedeció a motivos personales y no a alguna relación con las seis muertes. La coincidencia temporal, sin embargo, alimentó las dudas de las familias y de quienes han denunciado irregularidades dentro del centro penitenciario. El País
La droga como deuda
Las denuncias también describen un mecanismo de sometimiento basado en las adicciones. Según los testimonios divulgados, algunas internas serían presionadas para consumir drogas, adquirir deudas y solicitar depósitos urgentes a sus familias. El dinero serviría para evitar castigos, agresiones o traslados a dormitorios de mayor riesgo. Primero se crea la dependencia; después llega la deuda. Finalmente, la familia situada fuera de la prisión termina incorporada al circuito mediante pagos realizados bajo amenaza.
Se trata de una acusación especialmente grave porque supondría que la droga no ingresa y circula únicamente por fallas de vigilancia, sino como parte de una economía carcelaria sostenida mediante la violencia. Hasta ahora, las imágenes y los testimonios públicos no aportan una resolución ministerial o judicial que permita presentar ese esquema como algo plenamente demostrado, pero tampoco se trata de señalamientos aislados.
Las denuncias por condiciones indignas, inseguridad y deficiencias en la atención de las internas son anteriores a las seis muertes. En 2019, el Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura (MNPT) formuló una veintena de observaciones relacionadas con situaciones que podrían derivar en tratos crueles, inhumanos o degradantes en Santa Martha Acatitla.
Morir por falta de atención
No todas las muertes fueron clasificadas como suicidio. María Elena padecía hipertensión; Vanessa, insuficiencia renal. Los señalamientos de familiares e internas apuntan a retrasos o deficiencias en la atención médica. La CDHCM investiga si existieron omisiones sistemáticas y si el penal garantizó los tratamientos que requerían.
Una persona encarcelada no puede buscar por su cuenta un hospital, cambiar de médico ni trasladarse a un servicio de urgencias; depende de una cadena de decisiones institucionales. Si una consulta se pospone, un medicamento no llega o una emergencia es minimizada, la paciente permanece encerrada junto con su enfermedad. Ahí está la dimensión de la custodia que suele desaparecer de los partes oficiales: el Estado no sólo limita la libertad; asume el deber de preservar la vida.
En Santa Martha Acatitla viven alrededor de mil 500 mujeres. Muchas enfrentan problemas de salud, pobreza, abandono familiar o adicciones. Dentro de un sistema pensado históricamente para hombres, sus necesidades médicas y de salud mental suelen quedar relegadas.
Cambiar a una funcionaria no cambia el sistema
La salida de una directiva puede modificar la operación inmediata de un penal, pero no desmantela por sí misma las redes que pudieron crecer dentro de él. Las denuncias reunidas alrededor de Santa Martha señalan cuatro problemas que se alimentan entre sí: cogobierno y corrupción; abandono de la reinserción; castigo desproporcionado de la pobreza, así como tratamiento punitivo de las adicciones y los padecimientos mentales.
La prisión promete reinserción, pero los testimonios hablan de despojo, dependencia y miedo. Promete custodia, pero seis mujeres murieron en tres meses. Promete protección, pero la familia de Diana Laura afirma que pagaba para impedir que la golpearan.
Rosa, Vanessa, Viridiana, María Elena, Mónica Valeria y Diana Laura no son únicamente los nombres de seis expedientes. Sus muertes colocan una responsabilidad sobre las autoridades: investigar no sólo cómo murió cada una, sino qué condiciones hicieron posibles esos desenlaces.
La CDHCM mantiene abiertos los casos y todavía no determina responsabilidades. Mientras eso ocurre, las versiones oficiales conviven con cartas, comprobantes de depósitos, testimonios y preguntas sin respuesta. Santa Martha Acatitla lleva en el nombre la promesa de la reinserción social, pero detrás de sus muros, seis mujeres ya no podrán comprobar si esa promesa alguna vez estuvo destinada a cumplirse.
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