Por Alejandro Amado Frausto
Morelia, Michoacán, 1 de septiembre de 2026.- Integrantes del Grupo Media Luna denunciaron el robo de instrumentos musicales, equipo de sonido y dispositivos electrónicos que constituían su patrimonio y herramientas de trabajo, acumulados durante más de dos décadas. Frente a lo ocurrido, cuestionaron la utilidad de las 7 mil 800 cámaras de videovigilancia presumidas por el gobierno de Alfonso Martínez Alcázar, pues aseguran que ninguna cubre el lugar donde se cometió el atraco.
El robo ocurrió el sábado 29 de agosto, entre las 16:00 y las 17:00 horas, en la calle Tata Vasco de Quiroga frente al número 111, en la intersección con Pedro de Gante. De acuerdo con la familia Mejía Almonte, cuyos integrantes conforman Media Luna, los responsables sustrajeron tres violines, un violonchelo, una vihuela, guitarras elaboradas por maestros lauderos de Paracho y guitarras de golpe, una jarana huasteca, una quinta huapanguera y una tamborita de doble parche, además de arcos, cuerdas, afinadores y otros accesorios.
También les fueron robados una mezcladora, bocinas, micrófonos, sistemas inalámbricos, cables, una grabadora, una computadora, una tableta electrónica, un dron y otros dispositivos. El valor económico asciende a cientos de miles de pesos, pero la agrupación lamentó especialmente que entre los instrumentos hurtados existen piezas heredadas de sus padres y abuelos.
“Lo que nos quitaron no es sólo material, es nuestro medio de vida y un legado heredado de nuestros abuelos”, expresó la familia mediante un extenso comunicado.
Los músicos informaron que presentaron denuncias ante la Policía Morelia y la Fiscalía General del Estado (FGE) el mismo día del robo. También indicaron que recorrieron los tianguis de la ciudad y difundieron fotografías de los objetos sustraídos.
En su comunicado, destacaron que la Fiscalía comenzó a brindarles atención después de que el caso alcanzó notoriedad en redes sociales; sin embargo, advirtieron que el funcionamiento de las instituciones no debería depender de la capacidad de las víctimas para organizar una campaña mediática.
La familia recordó otros robos cometidos contra trabajadores del arte y la cultura en el mismo sector de Morelia. Entre ellos mencionó el despojo del equipo de trabajo del fotógrafo Kevin Dorian y el robo de la exposición de la artista visual Fabiola Reyes sobre las personas desaparecidas en Michoacán.
A estos hechos se suman, afirmaron, testimonios de vecinos que reportan robos, extorsiones y amenazas en la zona, sin que hasta el momento exista una intervención capaz de detenerlos.
Muchas cámaras, pero ninguna donde ocurrió el robo
El Grupo Media Luna recordó que el presidente municipal de Morelia, Alfonso Martínez Álcazar, informó el pasado 13 de agosto que Morelia cuenta con 7 mil 800 cámaras de videovigilancia y que, días después, aseguró que la capital michoacana posee la mayor cantidad de cámaras por habitante del país.
También señaló que, apenas 48 horas antes del robo, el alcalde recibió en la Ciudad de México un reconocimiento nacional por supuestas buenas prácticas en materia de seguridad pública municipal.
“¿Para qué sirven tantas cámaras si no se traducen en seguridad real y si el acceso a ellas es tan lento cuando el tiempo es crucial para recuperar lo robado?”, cuestionó la agrupación.
Según la denuncia, el C5 de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) de Michoacán informó a la familia que no existen cámaras estatales en el cuadrante donde se cometió el atraco. Tampoco habría dispositivos municipales. La única grabación posiblemente útil pertenecería a un establecimiento particular, cuyos responsables solicitaron la intervención formal de la Fiscalía para entregar el material.
Los músicos consideraron inexplicable que una zona señalada reiteradamente por sus habitantes como foco de inseguridad carezca de videovigilancia pública. También denunciaron las dificultades para que la Fiscalía recabe oportunamente el video particular, pues cada hora disminuyen las posibilidades de localizar los instrumentos.
Policías contra comerciantes, pero no contra los robos
La agrupación contrastó la lenta respuesta institucional con el operativo que el Ayuntamiento de Morelia desplegó el mismo sábado 29 de agosto para retirar a comerciantes informales del Centro Histórico.
En esa acción participaron elementos de Policía Morelia y personal de las áreas de Mercados y Plazas, así como de Servicios Públicos. Días antes, el 24 de agosto, policías municipales también retiraron a una adolescente de 15 años que vendía productos en la plaza Melchor Ocampo, recordó la familia.
“El comercio ambulante no es lo que pone en riesgo la seguridad de las y los morelianos y no debería recibir ese nivel de despliegue policial”, sostuvo Media Luna.
Para la agrupación, resulta desproporcionado que el municipio concentre policías y servidores públicos en perseguir a comerciantes, mientras la respuesta ante los robos y el acceso a las cámaras de vigilancia son lentos o inexistentes.
Sospechan de un robo planeado
La familia Mejía Almonte consideró que la cantidad y las dimensiones de lo sustraído hacen improbable que se tratara de un robo cometido por una sola persona. De acuerdo con su cálculo, los responsables necesitaron varias personas y un vehículo con suficiente capacidad para retirar todos los instrumentos y equipos en menos de 45 minutos. Esto les hace sospechar que la camioneta donde se encontraban sus pertenencias había sido identificada previamente y que podría operar una red dedicada al robo en ese sector de la ciudad.
También señalaron que el atraco ocurrió dos días después de la presentación del disco “Floreciendo en la memoria”, realizado en el Teatro Mariano Matamoros. La producción aborda la desaparición de personas, los asesinatos, el despojo de tierras y la corrupción.
La agrupación aclaró que no cuenta con elementos para afirmar que exista una relación entre la presentación del disco y el robo, pero sostuvo que la cercanía entre ambos acontecimientos es una coincidencia que debe mencionarse e investigarse.
Media Luna exigió a las autoridades acceso inmediato a las grabaciones públicas y privadas, una investigación con resultados, patrullaje efectivo y un plan con fechas y responsables para colocar cámaras en la zona.
“No pedimos ningún trato especial, pedimos que las instituciones que existen para procurar justicia y seguridad, y que los morelianos pagamos con nuestros impuestos, cumplan la función para la que fueron creadas”, puntualizó la familia.
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