Integrantes de comités escolares de Morelia y Uruapan pidieron mantener sus identidades en reserva por temor a represalias; acusan que facilitadores intentaron influir en la elección de empresas para realizar obras.
Redacción/ América Noticias
Morelia, Michoacán, 26 de septiembre de 2026.— Integrantes de comunidades escolares denunciaron de forma anónima presuntas presiones para contratar determinadas constructoras con recursos del programa federal La Escuela es Nuestra en planteles de Morelia y Uruapan. Pidieron no publicar sus nombres ni identificar sus escuelas por temor a represalias.
Una de las personas denunciantes relató que varias empresas acudieron a su plantel en Morelia a ofrecer sus servicios antes de que la comunidad supiera que recibiría recursos del programa. Posteriormente, dijo, el comité elegido por madres y padres de familia revisó las cotizaciones y seleccionó una propuesta ajustada al presupuesto asignado.
Según su testimonio, un facilitador pidió nuevas cotizaciones y cuestionó la decisión del comité. “Le respondí que la decisión le corresponde al comité, porque así lo eligieron las madres y los padres de familia”, señaló. Afirmó que conserva mensajes y grabaciones de llamadas relacionadas con lo ocurrido.
La persona denunciante sostuvo que una de las propuestas tenía un costo casi 59 por ciento mayor que otras opciones revisadas por la comunidad. La comparación se basa en su testimonio; las cotizaciones no se incluyen en la información proporcionada para esta nota.
¿Quién decide cómo se usan los recursos?
Las reglas de operación de La Escuela es Nuestra para 2026 establecen que el programa no contrata ni recomienda profesionales, empresas o proveedores para realizar las obras. En cada plantel, el Comité Escolar de Administración Participativa, elegido en asamblea, dirige las acciones y el uso del dinero según las necesidades de la escuela.
Por ello, las personas denunciantes piden aclarar por qué se habría cuestionado la elección del comité y cómo supieron las constructoras que el plantel podría recibir recursos antes de que la comunidad fuera informada.
La persona entrevistada aseguró que las demoras en la entrega del apoyo y en el inicio de los trabajos afectaron a la escuela al comenzar el ciclo escolar 2026-2027. Agregó que conoce un señalamiento similar en un plantel de Uruapan, donde presuntamente también se intentó orientar la contratación hacia una empresa determinada.
Las personas denunciantes solicitaron al Gobierno federal revisar la actuación de los facilitadores y los procesos de contratación en ambos municipios. También señalaron presuntos vínculos entre algunas empresas y funcionarios de Bienestar.
Su exigencia es que se respete la decisión de las familias sobre los recursos destinados a mejorar sus escuelas, sin exponer a quienes decidieron hablar.
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