- El Gobierno federal presentó el aseguramiento de 59 millones de litros de combustible en Guanajuato como un golpe sin precedentes contra el huachicol. Días después, la FGR seguía investigando si el producto era ilegal, mientras la empresa operadora aseguró contar con permisos y documentos para demostrar su procedencia.
Por La Redacción
En cuestión de días, el supuesto mayor decomiso de huachicol de la historia reciente de México pasó de ser presentado como un golpe contundente contra el crimen organizado a convertirse en una operación rodeada de contradicciones, deslindes y preguntas todavía sin respuesta.
El 17 de septiembre, autoridades de Guanajuato anunciaron el aseguramiento de más de 59 millones de litros de gasolina y diésel en una terminal ubicada en la comunidad de La Fragua, municipio de San José Iturbide. La información fue reproducida como un “decomiso histórico”: 33.5 millones de litros de gasolina regular, 7.2 millones de premium y 18.2 millones de diésel almacenados en diez tanques.
Un día después, durante la conferencia presidencial realizada en Irapuato, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo habló del caso como parte de una investigación sobre una red de combustible ilegal. El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, aseguró que habría detenciones y explicó que la pesquisa comenzó en julio, después de que el conductor de una pipa no pudo acreditar la procedencia de 33 mil litros de diésel.
Sin embargo, ninguna persona fue detenida durante el operativo en la terminal. La única captura informada corresponde al conductor interceptado más de dos meses antes y en otro municipio.
La narrativa comenzó a modificarse cuando se conoció que las instalaciones son operadas por una empresa de Grupo SIMSA, corporativo que rechazó almacenar combustible robado. La compañía explicó que la terminal presta servicios de recepción y almacenamiento a otras empresas autorizadas y que los petrolíferos pertenecen a sus clientes, quienes deben acreditar propiedad, procedencia y calidad.
Entre los usuarios mencionados públicamente aparecen empresas como Pemex y ExxonMobil. La terminal cuenta con permisos y conexión ferroviaria para recibir grandes volúmenes de combustible, por lo que la existencia de millones de litros en sus tanques no constituye, por sí misma, evidencia de un delito.
La FGR admitió posteriormente que continuaba reuniendo información de las empresas involucradas, revisando documentos y entrevistando a directivos para determinar la propiedad y trazabilidad financiera y fiscal del hidrocarburo. Es decir, primero se difundió que se habían decomisado 59 millones de litros de huachicol y después se comenzó a verificar si realmente se trataba de combustible ilícito.
La diferencia no es menor. Un aseguramiento es una medida provisional aplicada mientras se investiga un bien; un decomiso supone que su relación con una actividad ilegal ha quedado jurídicamente acreditada. Hasta ahora, la información pública permite hablar de combustible asegurado y sujeto a investigación, pero no de 59 millones de litros comprobadamente robados o introducidos ilegalmente al país.
El caso contiene otras inconsistencias. Aunque el anuncio se realizó el 17 de septiembre, diversos reportes señalan que la diligencia habría ocurrido desde el día 4 y que la terminal reanudó operaciones el 10 de septiembre. Tampoco existe una versión uniforme sobre la presencia de trabajadores en las instalaciones ni sobre las circunstancias en que fueron inspeccionados los tanques.
Este lunes, ante el reclamo de Grupo SIMSA, Sheinbaum cambió el tono. Ya no habló de una red de combustible ilegal ni anticipó responsables. Señaló que la FGR debe explicar qué motivó el aseguramiento y determinar si existió alguna actividad ilícita.
La precisión es relevante: la mandataria no deslindó completamente a la Fiscalía General de la República. Indicó que la investigación se originó en su delegación local en Guanajuato y trasladó a la propia institución federal la obligación de aclarar el caso.
La gobernadora Libia Dennise García Muñoz Ledo sostiene, por su parte, que no todas las empresas relacionadas han presentado documentación suficiente para acreditar la legalidad de la totalidad del combustible. La ausencia inicial de documentos puede justificar una investigación o un aseguramiento precautorio, pero tampoco demuestra automáticamente que todo el producto almacenado sea huachicol.
¿Fue un montaje?
Con la información disponible no puede afirmarse todavía que todo el operativo haya sido fabricado. Existe una investigación previa, una pipa cuyo conductor presuntamente no acreditó la trazabilidad de su carga y diligencias autorizadas en varios inmuebles.
Lo que sí puede sostenerse es que las autoridades construyeron y difundieron una conclusión antes de contar con las pruebas necesarias para respaldarla. El combustible fue presentado públicamente como ilegal cuando su propiedad y procedencia todavía estaban bajo revisión.
Para acreditar un montaje deliberado sería necesario demostrar que los funcionarios sabían que el combustible era legal y, pese a ello, organizaron o presentaron el operativo como un golpe contra el huachicol. Esa intención no se encuentra probada hasta el momento.
Pero el contexto alimenta las sospechas: un operativo presuntamente realizado días antes fue difundido como una acción reciente justo en vísperas de la visita presidencial a Guanajuato; se presumió una cifra récord; se anunciaron futuras detenciones y, después del comunicado empresarial, las autoridades retrocedieron hacia una versión mucho más cautelosa.
Así, más que un decomiso histórico plenamente acreditado, el país tiene hasta ahora un aseguramiento de combustible dentro de una terminal autorizada, una investigación inconclusa y una narrativa oficial que se adelantó a sus propias pruebas.
Si la FGR confirma que el hidrocarburo era legal, no se trataría únicamente de una pifia de comunicación. Las autoridades tendrían que explicar quién decidió llamarlo huachicol, por qué se presentó como un éxito antes de verificar la documentación y si el espectacular anuncio obedeció a necesidades políticas antes que a resultados ministeriales.
Leave a Reply